El preso fue asesinado a balazos y sus compañeros señalan a un penitenciario 

José María Candia -un preso, de 22 años, pobre y con problemas de adicción, que cumplía una condena menor por robar el celular a su vecina- fue asesinado a balazos y el tirador sería un agente penitenciario. La autopsia determinó que no fue apuñalado, desbaratan­do así la versión, sino que fue ultimado de tres dispa­ros de arma fuego -balas de plomo- durante la repre­sión policial y penitencia­ria en la Unidad Penal Nº 1, que tuvo su origen en una pelota de fútbol. Ayer a la siesta el fiscal en feria, Gus­tavo Roubineau, junto a in­tegrantes del Comité contra la Tortura inspeccionaron los pabellones 6 y 7 donde ocurrió el homicidio: se se­cuestraron celulares con los que los internos registraron la balacera y -según fuentes de miembros de dicho orga­nismo- no se encontró nin­guna arma de fabricación casera. Además se procedió al decomiso de las escope­tas y pistolas de los unifor­mados que participaron, a quienes se los sometió al estudio de dermotest. 

Fue el ministro de Segu­ridad, quien se corrigió a sí mismo, luego de que en la mañana de ayer sostuviera que se trató de una “reyer­ta entre internos”, sobre el mediodía el funcionario reconoció que “el escenario era otro”. “La autopsia es esclarecedora, es una prue­ba científica que descarta la hipótesis del enfren­tamiento entre internos (Candia): tenía heridas de armas de fuego propias de las fuerzas”, afirmó López Desimoni echando por tie­rra lo que la noche anterior su segundo, Luis Bravo, ha­bía dicho. 

El estudio forense de­tectó tres orificios de bala compatibles con proyec­tiles de plomo. Una vez informada la novedad a las autoridades judiciales se procedió a efectuar un allanamiento en el lugar del hecho. El representan­te del Ministerio Público, con integrantes del Comité y personal penitenciario, recorrieron las celdas y ha­blaron con los presos. “Los internos voluntariamente entregaron sus celulares con los que habían filmado lo sucedido”, dijo ayer a la noche el doctor Jorge Isetta, del Comité, que estuvo en la pesquisa. Isetta aseguró en declaraciones radiales que “tenemos identificado al autor de los disparos, es un penitenciario, los internos lo señalaron pero aún de­ben declarar”.

La represión comenzó el martes a las 14.30 cuando un grupo de presos jugaba al fútbol en una de las can­chas de la penitenciaría, de avenida 3 de Abril y la pe­lota cruzó el tejido a otro sector interno del com­plejo -que data de 1888- lo que fue interpretado por el centinela como intento de fuga y desde lo alto empe­zó a disparar con posta de goma. El desmedido accio­nar hizo estallar el conflic­to. Desde el lunes el grueso de la población se hallaba en huelga de hambre pací­fica como forma de protes­ta ante la lentitud judicial para resolver los pedidos de prisión domiciliaria y luego de que la semana anterior se detectara un caso posi­tivo de coronavirus en uno de los guardiacárceles. Ho­ras antes el Superior Tribu­nal de Justicia había puesto en funciones a la titular del juzgado de Ejecución de Condena, quien se hallaba de licencia por la feria ju­dicial. 

La magnitud del proble­ma suscitado fue tal que se hizo presente el goberna­dor de la Provincia, Gustavo Valdés, junto con otras au­toridades gubernamentales y judiciales, como así tam­bién personal de los grupos especiales de la Policía y el Equipo Táctico de Ope­raciones Penitenciarias. A las 15.30 cuando se habían iniciado negociaciones, se produjo un segundo hecho represivo. En esas circuns­tancias, Candia -que estaba en el pabellón 6- fue asesi­nado y otros 12 presos ter­minaron heridos, al igual que 2 penitenciarios y 1 policía. 

Erika Maura, la madre de la víctima dijo ayer a una radio “él era ladrillero, tenía problemas con las drogas y estuvo internado en el hos­pital San Francisco”. “Yo sólo quiero que paguen por lo que hicieron”, pidió. 

Al cierre de esta edición había finalizado una reu­nión en el Ministerio de Se­guridad, donde discutió los pasos a seguir en el sumario administrativo.